ARLA/CLUSTER: Mais de 3000 emissoras de rádio são ilegais em Espanha.

João Gonçalves Costa joao.a.costa ctt.pt
Quarta-Feira, 13 de Janeiro de 2010 - 13:27:05 WET


Más de 3.000 emisoras de radio emiten de forma ilegal en España sin que nadie lo evite

El Gobierno se compromete a erradicar las emisoras fraudulentas después de años de denuncias - El sector calcula que hay 3.000 estaciones ilegales 
     
La piratería campa a sus anchas en las ondas. Más de 3.000 emisoras de radio emiten de forma ilegal en España sin que nadie lo evite. En algunas comunidades el número de emisoras irregulares ha alcanzado tal volumen que triplica a aquellas que tienen licencia para operar. Tan alarmantes son los efectos de la piratería que los radiodifusores aseguran que está causando más daño que la crisis publicitaria. La pasividad de la Administración (tanto estatal como autonómica) y los subterfugios normativos han llevado al sector una situación verdaderamente límite y nunca vista en la historia del medio. Para erradicar el fenómeno, el Gobierno elaborará un mapa de la radio española, que permitirá limpiar el espectro y cerrar de forma rápida y contundente las emisoras que carecen de autorización.

 
Las irregularidades hacen más daño que la caída publicitaria, dicen las empresas.

La Agencia Estatal de Radiocomunicaciones, que se constituirá antes del próximo 1 de junio, será el organismo encargado de controlar el espacio radioléctrico. La puesta en marcha de esta agencia figura en la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA), que la semana pasada fue aprobada por la Comisión Constitucional del Congreso y en febrero emprenderá su andadura en el Senado.

Antes de expulsar de las ondas a las emisoras clandestinas, el Gobierno tendrá que identificar a los ocupas del espacio, aquellos operadores que emiten fraudulentamente. Buena parte del trabajo está ya hecho. El Ministerio de Industria tiene en sus manos desde 2004 una relación de todas las irregularidades. El exhaustivo trabajo fue realizado por la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC) y entregado al Gobierno con la esperanza de que con la elaboración de un nuevo Plan Técnico de FM se pusiera fin al caos que reinaba en la ondas.

La AERC, entidad, que agrupa a las grandes cadenas (SER, Onda Cero, Cope, Punto Radio, entre otras) contabilizó entonces casi 3.000 emisoras ilegales. La mayor parte de ellas estaban (y están) concentradas en Canarias (482), Andalucía (387), la Comunidad Valenciana (318), Cataluña (183), Madrid (144) y País Vasco (143). La Rioja (con 4) figuraba como la comunidad con menos ilegales.

En total, se identificaban a las 2.279 emisoras comerciales que se habían instalado en las ondas al margen de la ley. El mapa de la AERC incluía otras 124 emisoras sin licencia que estaban siendo utilizadas por las radios legales.

El catálogo de la asociación de radios privadas detallaba igualmente otras 504 emisoras municipales que incumplían la ley reguladora, al ceder, por ejemplo, la gestión a particulares o formar cadenas con otras estaciones cuyo ámbito de cobertura se circunscribe al de un Ayuntamiento.

El sector de la radio aplaude que "de una vez por todas" España acabe con una anomalía (la de la piratería) que es única en el mundo. "Estábamos esperando este acuerdo. Es hora de que el Ministerio de Industria y las comunidades autónomas cierren todas las radios ilegales".

Hasta ahora, la inacción de ambas Administraciones ha llevado al sector a un auténtico desgobierno, pese a contar con equipos, instrumentos y medios para limpiar el dial. Desde 2004. Industria y algunas comunidades autónomas han expedientado a varios centenares de estaciones (de radio y televisión) que carecían de la correspondiente adjudicación. Pero en estos cinco años la situación no sólo no ha mejorado sino que ha ido a peor. La nueva Ley Audiovisual facilitará los procesos para la clausura fulminante las 3.003 emisoras pirata que actualmente tiene localizadas la AERC en toda España.

El sector calcula que el mapa que entregó al Gobierno en 2004 responde "en un 90%" a la situación actual. La actualización, ahora, corresponde al Gobierno.

Fonte: Jornal El Paìs



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